Autor Rafael Duque Naranjo
Cel. 315 653 62 89
Año de
Partida: 1945
El 19 de julio de 1945 renunció el presidente liberal
Alfonso López Pumarejo y el Congreso escogió para sucederlo por el resto del
mandato al político del mismo partido, Alberto Lleras Camargo; quien el 7 de
agosto de 1946 le entregó el poder al conservador antioqueño Mariano Ospina
Pérez, conforme los resultados de las elecciones presidenciales del 5 de mayo
de 1945 que arrojaron las siguientes cifras:
Partido Conservador, Mariano Ospina Pérez: 565.000 Votos. Partido
Liberal, Gabriel Turbay: 441.290 Votos. Partido Liberal (Disidencia) Jorge Eliécer Gaitán: 359.045 Votos.
Desde 1946, instigados por Laureano Gómez y protegidos
por el presidente Mariano Ospina Pérez, algunos militantes conservadores habían
comenzado a aplicar la violencia sistemática contra los campesinos liberales.
Las masacres se sucedían sin cesar, cada día con mayor saña y crueldad.
No faltó tampoco, en este concierto de oscurantismo
conservador, la voz de la jerarquía católica representada por el obispo de
Santa Rosa de Osos, Miguel Ángel Builes, quién prohibió a los trabajadores,
bajo pena de excomunión, afiliarse a “Fedeta”, filial en Antioquia de la CTC.
Este prelado sostenía que el liberalismo, la masonería y el comunismo, eran
“engendros del demonio” y adherir a ellos era “pecado mortal” y “condena
eterna”.
Durante la llamada Marcha del Silencio, una
multitudinaria y callada manifestación realizada en Bogotá el 7 de febrero de
1948, dijo Gaitán: "Señor Presidente: Pedimos que termine esta
persecución de las autoridades. Ponga fin, señor Presidente, a la violencia.
Todo lo que le pedimos es la garantía de la vida humana, que es lo menos que
una nación puede pedir”. No hubo respuesta del gobierno. Las masacres
continuaron.
El 9 de abril de 1948, a la una y cuarto de la tarde,
al salir de su oficina, Jorge Eliécer Gaitán fue herido de muerte por Juan Roa
Sierra, un oscuro asesino que le disparó tres balazos casi a quemarropa.
Trasladado de urgencia a la Clínica Central, el jefe liberal murió a las dos de
la tarde.
Por esa época se encontraban en Bogotá todos los
cancilleres de los países americanos celebrando la IX Conferencia Panamericana
cuyo resultado fue la creación de la OEA (Organización de Estados Americanos)
de la cual fue primer secretario el expresidente colombiano Alberto Lleras
Camargo.
Una muchedumbre enfurecida, (ver foto tomada en la
carrera séptima), descuartizó al asesino de Gaitán. Se sitiaron los ministerios
y la sede de gobierno, fue un día de furia colectiva. Ante el asesinato de su
líder, el pueblo se desbordó. Fue un día de incendios, saqueos, machetes y
cuchillos. La cólera popular fue incontrolable.
Los principales jefes
del liberalismo fueron al palacio presidencial para pedirle la renuncia al
presidente Ospina Pérez. Ospina les respondió que “para la democracia
colombiana valía más un presidente muerto que un presidente fugitivo”.
Ospina buscó una salida política que él denominó de
“unión nacional” y los jefes liberales abandonaron el deseo del pueblo liberal
y se transaron con dos ministerios. El de gobierno para Darío Echandía y
el de Relaciones Exteriores para Eduardo Zuleta Ángel. El Batallón Guardia
Presidencial defendió el palacio al mando del mayor Iván Berrio Jaramillo y
para la “pacificación” del país reclutaron tropas en la vereda
ultraconservadora de Chulavita del municipio de Boavita (Boyacá). De allí que
el nombre de “chulavita” fue sinónimo en Colombia de “policía asesino” y en el Cementerio Central de Bogotá se
acumulaban los muertos, primero en hileras, luego en montones compactos, en
espera de la fosa común. Y la muerte del pueblo fue como siempre ha sido: como
si no muriera nadie, nada, como si fueran piedras las que caen sobre la tierra.
A pesar de su cólera,
el pueblo respetó dos símbolos de la historia nacional. En medio de los
escombros de la Carrera Séptima quedaron en pie la histórica Casa del Florero,
cuna de la independencia, y la Catedral Primada del país.
Laureano Gómez comenzó en esa época la llamada “acción
intrépida” que se inició en el propio recinto de la Cámara de Representantes,
el 9 de octubre de 1949, cuando en pleno debate, el parlamentario conservador
Amadeo Rodríguez desenfundó su arma de fuego y asesinó a los representantes
liberales Gustavo Jiménez y Jorge Soto del Corral.
Igualmente a finales de ese mismo año de 1949, tropas
del ejército en Cali realizaron la masacre y el incendio de la Casa Liberal
cuando el General Gustavo Rojas Pinilla era Comandante de la Tercera Brigada.
También en Ceylán y San Rafael en el Valle del Cauca,
Belalcázar en el Cauca, El Playón en Santander y Arauca en Caldas, ocurrieron
verdaderos genocidios que los que escriben la historia de Colombia parecen
olvidar.
“La
Violencia”
“La Violencia” es el tema que no dejan de estudiar los
analistas del problema social de los colombianos, aunque cualquier explicación
sigue rebasando la situación, el drama de la violencia de mediados del Siglo
XX, de finales del mismo siglo y de comienzos del presente Siglo XXI, es de tal
naturaleza, que el historiador inglés E. J. Hobsbawn sostenía en 1967 que “La
violencia colombiana ha sido la mayor movilización armada de campesinos (ya
sean guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensas) en la historia reciente
del hemisferio occidental”.
El estado de conflicto casi permanente del país nos ha
servido “para abrir los ojos”. “El sufrimiento, nos dice Cioran, abre los
ojos, ayuda a mirar las cosas que de otra manera no hubiésemos percibido.
Entonces, sólo es útil al conocimiento y, fuera de ahí, no sirve más que para
envenenar la existencia”.
La violencia política partidista colombiana que tuvo
lugar entre 1948 y 1965 fue, para la élite dominante, un estigma que ha
pretendido por todos los medios borrar.
Al margen de cuáles fueron las causas, las víctimas
siguen ahí porque aún no han sido reivindicadas sus muertes. La violencia fue
un medio de presión para el enriquecimiento personal, práctica que se extendió
por todo el país, en especial en la región cafetera de los años 50 y 60, en y
desde la propia Sevilla en el Norte del Valle del Cauca. El conflicto, claro
está, poco afectó al gran capital económico y no disminuyó los beneficios de
los gamonales en los campos y de las élites ausentistas en las ciudades.
La distribución cronológica de los muertos por la
violencia en Colombia, según estudio elaborado por el profesor Medófilo Medina;
en 1947 fue de 13.968 muertos. En 1948 de 43.557 muertos. En 1949 de 18.519
muertos., y en 1950 alcanzó la horripilante cifra de 50.253 muertos.
Entre 1945 y 1953, la industria creció a la tasa record
anual del 9.2% y la agricultura vio aumentar el volumen de producción en un 77%
para 1948 y en un 113.8% para 1949. Como lo dijo alguna vez el presidente de la
ANDI, Fabio Echeverri Correa: “En Colombia, a la economía le va bien, pero al
país le va mal”.
De niños en Sevilla Valle nos tocó ver pasar por el
puente de “El Popal”, procedentes de la matanza de Ceylán, las volquetas del
municipio llevando cadáveres envueltos en sábanas blancas y mujeres sollozantes
llegar sin ruta a la plaza de “La Concordia”. Ya adolescentes, leímos “Viento
Seco” de Daniel Caicedo y aprendimos a entender primero en la realidad y
después en la literatura la crueldad intensa de la violencia que nos tocó
mirar. También García Márquez leyó “Viento Seco” en 1959 y dijo que esta obra
no es sino “el exhaustivo inventario de los decapitados, los castrados, las
mujeres violadas, los sesos esparcidos, las tripas sacadas y la descripción
minuciosa de la crueldad con que se cometieron esos crímenes”.
13 de
Junio de 1953
Eventualmente Laureano reasumió el poder ante el
colapso del orden público y el temor de un golpe militar, que efectivamente se
ejecutó el 13 de Junio de 1953 cuando el General Gustavo Rojas Pinilla asumió
la presidencia de la república con el beneplácito de amplios sectores del país.
Rojas Pinilla propuso conceder la amnistía a los
combatientes guerrilleros, la reconstrucción económica de las zonas afectadas
por la violencia y la creación de un gobierno cívico-militar. Pero Rojas
declaró fuera de la ley a los comunistas y mantuvo a distancia a los liberales,
excluyendo del Gabinete a los “laureanistas”.
Rojas estableció un impuesto sobre los ingresos y
sobre el patrimonio golpeando a los sectores más ricos de la
sociedad; fundó el Banco Cafetero, capitalizó la Caja Agraria y estableció
el Instituto de Fomento Tabacalero. Impulsó las vías de comunicación, en
particular el ferrocarril del Atlántico, la construcción del aeropuerto
internacional de El Dorado en Bogotá, el de Barrancabermeja y otros cuarenta
aeródromos en todo el país. En 1954 creó el Banco Popular y el Instituto
Nacional de Abastecimiento (INA). En 1954, al cumplirse el primer aniversario
del gobierno militar, se inauguró la Televisora Nacional.
10 de
mayo de 1957
Durante su exilio en la España franquista, Laureano
Gómez siguió liderando a los conservadores bajo las banderas del movimiento
político denominado “Batallón Suicida” y sus seguidores, entre los cuales
figuraba Belisario Betancourt, iniciaron una oposición cerrada contra el
gobierno de Rojas Pinilla que se fue configurando como una dictadura militar.
De otra parte, la situación se fue tornando difícil
para el liberalismo y por ende para la prensa liberal cuando en el Valle del
Cauca fueron asesinados los propietarios del periódico “El Diario” de Pereira.
Se estableció la censura oficial y fue clausurado “El
Tiempo” de Bogotá en agosto de 1955, volvería a aparecer no como “El Tiempo”
sino como “Intermedio”, el 21 de febrero de 1956.
El Ministerio de Hacienda continuó revisando la
contabilidad de la prensa liberal y “El Espectador” fue sancionado con una multa de $600.000.oo de la época. “El
Espectador” dejó de publicarse y apareció en su reemplazo “El Independiente”
bajo la dirección de Alberto Lleras Camargo, líder del liberalismo colombiano,
periodista, ex secretario de la OEA, antiguo y futuro presidente de la nación,
quien inició desde éste diario una lucha frontal contra Rojas Pinilla e hizo
coalición con Laureano Gómez para formar un frente civil opositor al gobierno
de Rojas mediante el llamado Pacto de Benidorm firmado en 1956.
Fue Alberto Lleras con la prensa liberal, el visto
bueno de los grandes empresarios, los estudiantes, una huelga de empleados
bancarios y la gente del común, la que produjo el final del régimen dictatorial
de Rojas Pinilla el 10 de Mayo de 1957.
Aquel día, en
Sevilla, los estudiantes del Colegio General Santander, se tomaron la Plaza de
“La Concordia” dirigidos por quien escribe ésta historia: Rafael Duque Naranjo,
quien aparece en la foto en pleno discurso frente a la alcaldía municipal
cuando el alcalde era el Capitán del Ejército Efraín Horacio Vallejo Ardila.
Durante el clamor popular y el regocijo de los sevillanos por la caída de
Rojas, también tomó la palabra el malogrado dirigente Hugo Toro Echeverri,
quien fuera asesinado posteriormente.
A nivel nacional, Alberto Lleras y Laureano
Gómez, firmaron la llamada “Declaración de Sitges” para convocar el
Plebiscito de 1959 que dio origen al Frente Nacional, una alianza de
conservadores y liberales para alternarse en el poder durante los siguientes 16
años.
Paramilitarismo y Falsos
Positivos
Álvaro Uribe Vélez, quien había sido nombrado
Profesor de la Universidad de Georgetown en Washington pocos días después de
terminar su gestión presidencial en Colombia, perdió su cargo de docente en
dicha universidad, gracias a sus vínculos con el Paramilitarismo y los Falsos
Positivos. En efecto, el Padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita y docente de
la Universidad Javeriana de Bogotá, envió el lunes 6 de septiembre de 2010 al
Padre Jhon Dear, jesuita norteamericano de la Universidad de Georgetown la siguiente carta.
Estimado
y recordado John.
Recibe
un fraterno y cariñoso saludo.
Te escribo muy preocupado por el hecho de que
en nuestra universidad jesuita de Georgetown hayan vinculado como docente al Presidente
saliente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
No ceso de recibir mensajes de personas y de grupos que sufrieron
enormemente durante su gobierno, que reclaman y cuestionan la actitud de
nuestra Compañía o su falta de discernimiento ético al tomar este tipo de
decisiones.
Es posible que las directivas de Georgetown
hayan recibido conceptos positivos de colombianos de altas posiciones
económicas, pero es difícil que ignoren al menos las profundas controversias éticas que levantó su gobierno y los
cuestionamientos y sanciones que recibió de muchos organismos internacionales
que tratan de proteger la dignidad humana. El solo hecho de que durante su
carrera política desde que era Gobernador del Departamento de Antioquia
1995-1997, hubiera fundado y protegido tantos grupos paramilitares llamados
eufemísticamente CONVIVIR, que asesinaron y desaparecieron a millares de
personas y desplazaron multitudes, ya implica una exigencia de censura ética
para encomendarle cualquier responsabilidad en el futuro. Pero no solo continuó
patrocinando esos grupos paramilitares sino que los mantuvo y los complementó con
un nuevo modelo de paramilitarismo legalizado,
como son las redes de informantes, las redes de cooperantes y el nuevo
tipo de empresas de seguridad privada que involucran a varios millones de
civiles en actividades militares relacionadas con el conflicto armado interno,
mientras le mentía a la comunidad internacional con una falsa desactivación de
los paramilitares.
Además, fue escandalosa durante su gobierno la
práctica de los FALSOS POSITIVOS consistente en asesinar civiles,
principalmente campesinos, y después de muertos vestirlos de combatientes para
justificar su muerte. Con ello pretendía mostrar victorias militares falsas
sobre los rebeldes y eliminar a los activistas de los movimientos sociales que
buscan justicia.
Fue escandalosa la compra de conciencias para
manipular la justicia, lo que terminó destruyendo en niveles muy profundos, la
conciencia moral del país. La corrupción
de sus hijos, para enriquecerse a costa de las ventajas del poder, escandalizó
en su momento a toda la nación. También utilizó el organismo de seguridad DAS
para espiar mediante controles telefónicos clandestinos a las Cortes de
Justicia, a los políticos de la oposición y a los movimientos sociales y de
derechos humanos.
El manejo que hizo de coordinación entre el
Ejército y los grupos paramilitares llevó a que durante su período se
produjeran 14.000 Ejecuciones Extrajudiciales.
La decisión de los jesuitas de Georgetown de
ofrecerle una catedra a Álvaro Uribe Vélez, no solo ofende profundamente a los
colombianos que aún conservan principios éticos sino que pone en alto riesgo la
formación ética de los jóvenes que acuden a nuestra universidad en Washington.
Te escribo estas líneas porque estoy seguro
que tu compartes nuestras preocupaciones y quizás podrás hacerlas llegar a los
jesuitas de Georgetown y a otros círculos de opinión en tu entorno de
simpatizantes por la justicia. Recibe un fuerte abrazo. Javier Giraldo Moreno,
S.J.
